La administración de Donald Trump enfrentó ayer una nueva ronda de reveses judiciales en los que incluso una jueza enfatizó: es el presidente, no el rey. Un tribunal federal dictaminó que el despido abrupto de una ex funcionaria de alto nivel del principal organismo de control laboral estadounidense fue ilegal. Un segundo magistrado extendió una orden que impide al magnate congelar subvenciones y préstamos en el gasto federal que podrían sumar trillones de dólares, y otro juez dio al gobierno hasta el próximo lunes para pagar casi 2 mil millones de dólares en deudas con los socios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Estado.
La jueza Beryl A. Howell ordenó la reincorporación de Gwynne Wilcox a la Junta Nacional de Relaciones Laborales, tras señalar que “un presidente que promueve una imagen de sí mismo como un ‘rey’ o un ‘dictador’, tal vez como su visión de un liderazgo eficaz, comprende fundamentalmente mal el papel que le corresponde según el artículo II de la Constitución de Estados Unidos”.
Wilcox fue la primer miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales en ser destituida por un presidente de Estados Unidos desde la creación de la junta en 1935, informó The Guardian.
El juez John McConnell, en Rhode Island, afirmó que el Poder Ejecutivo estaba tratando de colocarse por encima del Congreso, y eso socava los distintos roles constitucionales de cada rama de nuestro gobierno, tras la demanda que presentaron casi dos docenas de estados demócratas.
Añadió que las entidades que emitieron la demanda demostraron legitimidad en el caso mediante docenas de declaraciones que ilustran los efectos de la congelación indiscriminada e impredecible de los fondos federales, que afectan casi todos los aspectos de las operaciones oficiales de los estados e inhiben su capacidad para administrar servicios vitales a sus residentes.
Por su parte el juez de distrito Amir Ali falló a favor de los grupos sin fines de lucro y las empresas que demandaron por la congelación de fondos de la Usaid que ordenó Trump, lo que obligó a organizaciones de todo el mundo a recortar servicios y despedir a miles de trabajadores.
La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) despidió esta semana a algunos empleados que se encontraban a prueba y trabajaban en varias carteras diferentes, con el argumento de que esos elementos tenían problemas de rendimiento.
En algunas otras agencias, los trabajadores federales que fueron despedidos por la misma causa recibieron excelentes evaluaciones de desempeño antes de ser recortados, según entrevistas y documentos que analizó Reuters.
A su vez, el mandatario republicano convocó ayer en persona a su gabinete para transmitirle un mensaje: ustedes están a cargo de sus departamentos, no Elon Musk. Según dos funcionarios de la administración que hablaron con el medio Politico bajo condición de anonimato, Trump enfatizó a los principales miembros de su administración que Musk estaba facultado para realizar sugerencias a los departamentos, pero no para emitir decisiones unilaterales sobre personal y políticas.
Activistas de la asociación Nuestra Revolución protestan en Washington con carteles que llaman a proteger la libertad de presa por los recortes financieros a los medios públicos. Foto Ap
Musk, que estaba presente en la sala, reconoció que el Departamento de Eficiencia Gubernamental que dirige había cometido errores. Tras la reunión, Trump posteó en su red social Truth que dio instrucciones a líderes de su gabinete para que colaboren con el billonario tecnológico, pero les subrayó que “sean muy precisos sobre qué trabajadores se quedarán o se irán usando un bisturí en lugar del hacha. Si pueden recortar, mejor. Y si no, entonces Musk lo hará.
Un juez federal de Estados Unidos extendió, este 6 de marzo, un bloqueo que impide a la administración del presidente Donald Trump congelar cerca de 2 mil millones de dólares en subvenciones y préstamos destinados a organizaciones de ayuda internacional.
Trump prometió cortar el dinero federal para las escuelas y universidades que promuevan la teoría crítica de la raza, la locura transgénero y otros contenidos raciales, sexuales o políticos inapropiados.
En ese sentido, esta semana podría emitirse una orden ejecutiva para que la administración Trump cierre el Departamento de Educación, luego de que el magnate expresó que quiere que su nueva jefa de Educación, Linda McMahon, se quede sin trabajo, reportó la agencia Ap.
El Departamento de Educación desempeña un importante papel como regulador en los servicios para estudiantes, desde aquellos con discapacidades hasta niños de bajos ingresos y sin hogar, y anualmente distribuye miles de millones de dólares en dinero federal a universidades y escuelas y administra la cartera de préstamos federales para estudiantes.
Asimismo, Trump firmó una acción ejecutiva en la que ordena al Departamento de Justicia que solicite a los jueces que exijan a los litigantes que depositen fianzas judiciales, lo que obligaría a las personas a depositar dinero si buscan una orden de restricción temporal contra sus políticas.
El juez John McConnell, principal juzgador del Distrito de Rhode Island, otorgó una orden de restricción preliminar en respuesta a la demanda presentada por casi dos docenas de estados demócratas que impugnaron la orden de Trump de pausar el gasto federal para apoyos internacionales.
En su fallo, McConnell sostuvo que el poder ejecutivo estaba intentando colocarse por encima del Congreso, lo que “socava los distintos roles constitucionales de cada rama de nuestro gobierno”. Además, subrayó que la administración de Trump no presentó ninguna autoridad constitucional o estatutaria que respaldara la congelación categórica de fondos.
Los estados demandantes argumentaron que numerosos programas siguen a la espera de fondos federales o de claridad sobre si el dinero será entregado. La demanda señaló que “los estados han presentado docenas de declaraciones que ilustran los efectos de la congelación indiscriminada e impredecible de los fondos federales”, lo que afecta las operaciones gubernamentales estatales y limita su capacidad para ofrecer servicios esenciales.
El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, criticó la medida de Trump, acusándolo de “socavar el estado de derecho en favor de un poder ejecutivo ilegal a través de sus órdenes ejecutivas”. También enfatizó que los estadounidenses pagan impuestos esperando que el Congreso los asigne a programas que mejoren su calidad de vida y calificó la congelación de fondos como “destructiva”.
Entre los programas afectados destacan aquellos destinados a financiar energía solar en vecindarios de bajos ingresos, subsidios para calentadores eléctricos de agua en hogares de ingresos moderados y subvenciones para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.
Cabe recordar que la Casa Blanca justificó la medida argumentando que la pausa en la financiación permitiría garantizar que los pagos se alinearan con la agenda de Trump, que prioriza aumentar la producción de combustibles fósiles, eliminar protecciones para personas transgénero y poner fin a iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.
Este fallo sigue a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos del pasado 5 de marzo, que rechazó la solicitud del gobierno de Trump para mantener congelados miles de millones de dólares en ayuda exterior previamente aprobada por el Congreso. El juez Amir Ali ya había ordenado en febrero que parte de esos fondos continuaran fluyendo temporalmente, pero los demandantes denunciaron que la administración de Trump desobedeció esa orden y mantuvo el bloqueo.
La política de Trump de recortar drásticamente el gasto en ayuda exterior ha sido una constante desde el inicio de su segundo mandato, argumentando que busca alinear la política internacional con los intereses nacionales. Como parte de esa estrategia, en febrero ordenó la reestructuración de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), transfiriendo su control al Departamento de Estado, con el secretario de Estado, Marco Rubio, como director interino.
Incluso, las redes sociales y la página web de USAID fueron desactivadas, y su sede en Washington fue precintada con cinta amarilla. Trump declaró recientemente que “Estados Unidos ha sido estafado durante demasiado tiempo” y que reducir la ayuda exterior es clave para frenar el crecimiento de la deuda nacional.
Aunque el fallo no obliga de inmediato a liberar los fondos congelados, podría provocar nuevos retrasos en la financiación de programas internacionales de ayuda, aumentando las tensiones entre la administración de Trump y los estados demandantes.
Con información de agencia AP, AFP, Reuters y The Independent
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La noticia Trump “es mandatario, no rey”, advierte jueza fue publicada originalmente en Turquesa News.