La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ayer lunes 29 de junio, ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero, acusados por los delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada.
“Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido ni investigados, ni judicializados, en las diligencias que en su momento realizó la [ahora extinta] Procuraduría General de la República [PGR]”, dijo este martes 30 de junio, Alejandro Gertz Manero, en un mensaje a medios.
El fiscal general detalló que dichas órdenes de aprehensión solicitadas se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo, en contra de funcionarios de la PGR; entre ellos, la de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de investigación criminal (AIC), “quien huyó del país, y que ya cuenta con orden de aprehensión y con ficha roja de INTERPOL, para su localización a nivel internacional, y su extradición correspondiente”.
“Y, el día de ayer, se obtuvo la aprehensión de José Ángel ‘N’, alías ‘El Mochomo’, quien fue un participante de gran notoriedad en este caso”, abundó el fiscal, en referencia a Ángel Casarrubias Salgado, uno de los presuntos líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, detenido el pasado miércoles 24 de junio a las 19:30 horas, en Metepec, Estado de México, según una ficha de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal.
El titular de la FGR recordó que en septiembre de 2014, la entonces PGR consignó a diversos funcionarios que fueron puestos en libertad en distintas fechas, en virtud de la inconsistencia y parcialidad de las acusaciones, que omitieron señalar todas las violaciones que estos individuos cometieron durante su intervención en el caso.
“Entre ellas, la detención arbitraria, la tortura, la dilación en las puestas a disposición, la vulneración de los derechos de la defensa y las violaciones al procedimiento; ocultando también pruebas suficientes que permitieran conocer, de manera fehaciente, el destino de las víctimas”, abundó Gertz Manero.
“En 2019, ya la nueva Fiscalía, a través de la Fiscal Especial en materia de Derechos Humanos, Maestra Sara Irene Herrerías, así como del Fiscal Especial para el caso Ayotzinapa, Maestro Omar Gómez Trejo, se iniciaron nuevas investigaciones por diversos delitos que no habían sido tramitados, y que no tienen obstáculo procesal para poderlos judicializar; ya que son, fundamentalmente, la desaparición forzada de las víctimas y delincuencia organizada, así como el verdadero paradero de las personas desaparecidas”, agregó.
“Todas las diligencias realizadas durante este nuevo periodo de investigación, con sus pruebas testimoniales que han sido confrontadas con la secuencia de los hechos, y con las periciales de ubicación e identificación, han permitido establecer la cronología de lo sucedido”, insistió el titular de la FGR.
“Así como la participación de quienes cometieron esos delitos; e inclusive, se han enviado ya restos para su identificación a la Universidad de Innsbruck, que fueron encontrados durante esta nueva administración y nueva investigación; sobre los cuales se esperan resultados de inmediato”, señaló el Fiscal.
“Nuestra investigación continúa, y a finales de esta semana esperamos poder judicializar a otros funcionarios de diversos niveles; así como dar mayor información sobre los restos humanos que fueron enviados a la Universidad ya señalada, con referencia a los sitios donde fueron encontrados, en diligencias absolutamente apegadas a derecho”, afirmó Gertz Manero.
“La información detallada de todo el trabajo realizado que ha permitido identificar esta desaparición forzada y las conductas de delincuencia organizada correspondientes, el Fiscal de Ayotzinapa, Maestro Omar Gómez Trejo, habrá de hacer una referencia pormenorizada conforme la autoridad judicial nos lo vaya permitiendo. Para que esta nueva etapa se maneje con absoluta transparencia y con toda legalidad. Se acabó la verdad histórica”, finalizó el titular de la FGR.
Uno de los principales compromisos de la actual administración de López Obrador comienza a tomar forma y hoy ya es una más brillante luz de esperanza para los padres de los 43.
El pasado 18 de marzo, la FGR solicitó la colaboración de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para la localización y detención de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la AIC, por irregularidades en el caso Iguala, como tortura, desaparición forzada, alterar la escena de crimen, así como la pérdida y ocultamiento de pruebas.
La FGR también pidió el apoyo de la Interpol para localizar al comandante de esa misma corporación Carlos Gómez Arrieta, por ser presunto responsable de actos de tortura en contra de personas detenidas relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La orden de aprehensión contra Zerón de Lucio se solicitó desde el pasado 10 de marzo, y reportes federales citados por el diario Reforma, señalan que el ex titular de la AIC se encuentra prófugo desde que huyó a Canadá.
La renuncia de Zerón de Lucio a la AIC se dio el 15 de septiembre del 2016, pero casi de inmediato fue designado Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS). Dejó el cargo en medio de reclamos de los padres de los 43 normalistas de Ayotizanapa.
Uno de los casos de la tortura es el de Agustín García Reyes, quien fue detenido arbitrariamente y torturado antes de la diligencia que elementos de la AIC de la PGR, encabezados por Zerón de Lucio, realizaron el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan, donde supuestamente se habrían encontrado bolsas de cenizas y fragmentos de huesos de los 43 normalistas.
Dicha diligencia es una de las principales bases para que las autoridades federales hallan dado a conocer la llamada “verdad histórica”, el 27 de enero de 2015, en la que se argumentó que los 43 normalistas de Ayotzinapa habrían sido asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, Guerrero, y sus cenizas tiradas en bolsas de plástico a dicho río.
García Reyes fue detenido arbitrariamente y torturado antes de dicha diligencia. También se acreditó que fue llevado al río San Juan sin el registro adecuado, donde fue interrogado sin la presencia de su abogado, por el entonces director de la AIC, Zerón de Lucio, a pesar de que ese funcionario no tenía mandato legal para hacerlo.
En su momento, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó la ausencia de documentación en el expediente que sostuviera legalmente las diligencias practicadas aquel día, el inadecuado registro y manejo de la cadena de custodia de la evidencia supuestamente encontrada en el río San Juan.
Además, condenó la “falsa” declaración del entonces director de la AIC de la PGR, en la que afirmó que integrantes del equipo de la ONU-DH y del Equipo Argentino de Antropología Forense estuvieron presentes en la diligencia en el río San Juan.
La “verdad histórica” señala, también, que los días 26 y 27 septiembre de 2014, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron privados de su libertad por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco. Después, integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos los habrían incinerado en el basurero municipal de Cocula.
Al menos 61 funcionarios fueron señalados por estar involucrados en actos de tortura y detenciones arbitrarias contra 56 personas en el caso Ayotzinapa, de los cuales 37 son parte de la Policías Federal Ministerial, 16 de la Secretaría de Marina (Semar), y 8 funcionarios de la PF.
El Ministerio Público Federal obtuvo órdenes de aprehensión en contra de diversos ex funcionarios que participaron en las investigaciones del caso Iguala, por la violación de derechos humanos y presunta fabricación de pruebas, lo que permitió que decenas de detenidos obtuvieran su libertad en tribunales, por haber violado sus garantías jurídicas.
Un día antes, el martes 17 de marzo, elementos de la FGR detuvieron a Ezequiel Peña Cerda, ex agente de la Policía Federal (PF), acusado de torturar a varios de los detenidos en relación con el caso de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Según las denuncias que se dieron desde el año 2015, el ahora detenido habría torturado a los detenidos, junto con Carlos Gómez Arrieta, en ese entonces comandante de la Policía Federal Ministerial en Guerrero, de la ex Procuraduría General de la República (PGR) y después subsecretario de Seguridad Pública en Michoacán.
La investigación no progresó hasta que en junio de 2019, cuando se hizo público el video donde se muestra como torturaba en octubre de 2014 a Carlos Canto Delgado, una de sus víctimas, para obligarlo a que se declarara culpable por la desaparición de los normalistas.
Peña Cerda, quien en la actualidad trabajaba como director de área para la AIC, de la FGR, fue aprehendido en las instalaciones de dicha corporación, en la Ciudad de México, y trasladado a Guerrero para que comparezca ante el juez Noveno de Distrito de Procesos Penales. En total, cuatro personas fueron acusadas por la tortura de Canto Salgado.
Junto con Peña Cerda fue detenido Julio Dagoberto Contreras Saucedo, e Isidro Junco Barajas -actual subdirector de Control Operativo de Dirección de Seguridad de la Cámara de Diputados, quien fue aprehendido a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro-, mientras que Gómez Arrieta se encuentra prófugo.
En una reunión acontecida el pasado 5 de marzo, los padres de los normalistas desaparecidos pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indagara a los funcionarios que intervinieron en el caso Iguala, entre ellos a Zerón de Lució, Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR, y al ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, entre otros personajes.
Con información de agencias
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