Después de cinco siglos, las corridas de toros podrían quedar desterradas de Ciudad de México por una iniciativa parlamentaria que confronta las tesis del maltrato animal y el derecho de las minorías.
Aunque el debate no es nuevo en esta metrópoli que alberga la plaza de toros más grande del mundo -para 50 mil espectadores-, es la primera vez que el Congreso local vota a favor de prohibir la llamada “fiesta brava”.
Así, la justicia federal concedió una suspensión provisional para que se cancelen “de inmediato, los espectáculos taurinos en la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, así como el otorgamiento de permisos para realizar dichos espectáculos”, por lo que se suspende temporalmente la llamada fiesta brava en la Plaza de Toros México.
El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México determinó este viernes requerir a las autoridades responsables un informe en las siguientes 48 horas, en el cual expresen “si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen y podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión”.
El fallo es parte de un juicio de amparo promovido por la organización civil Justicia Justa, que solicitó la protección de la justicia federal al considerar que al autorizar los espectáculos taurinos las autoridades capitalinas incurren en la “omisión de cumplir y observar la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, así como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México”.
En su resolución, el juez Jonathan Bass Herrera indicó que las autoridades “tendrán obligación de proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes”.
Estableció que el 2 de junio a las poco después de las nueve de la mañana celebrará la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, así como ofrecer pruebas documentales y de inspección judicial que se hubieran realizado para determinar si concede la suspensión definitiva, lo cual no significa la cancelación de las corridas de toros, sino la posibilidad de suspender por tiempo indefinido estos espectáculos hasta que un tribunal determine si es procedente o no el fondo de la demanda.
Solo falta una votación en el pleno, sin fecha establecida, tras el aval en diciembre pasado de la Comisión de Bienestar Animal, que al mismo tiempo abrió un diálogo con los afectados.
Equiparando su causa con la de la comunidad LGBTIQ+ o por la despenalización del aborto, los taurinos afirman que se vive una “época de respeto a las minorías” y al “libre pensamiento”.
“¿Dónde cabe la palabra prohibir?”, dice a la AFP Rafael Cué, cronista y miembro de Tauromaquia Mexicana, que reúne a aficionados, criadores, matadores y empresarios taurinos.
Bastión de las corridas en América Latina, Ciudad de México es también un baluarte progresista, pionera en cuestiones como el matrimonio igualitario o el aborto legal, además del reconocimiento de los animales como sujetos de derecho y trato digno, según la Constitución local de 2017.
Tauromaquia Mexicana cuestiona si “poderes públicos” pueden imponer “opciones morales de un grupo de la sociedad al resto de los ciudadanos”.
“Se podría, de esta forma, prohibir la interrupción legal del embarazo o del matrimonio igualitario”, alegó en un comunicado.
Proponen que las iniciativas que buscan abolir los espectáculos donde los animales reciben maltratos hasta morir sean debatidos desde una perspectiva de “libertades” y no de “gustos, modas o lo políticamente correcto”.
Para el diputado “izquierdista” Jorge Gaviño Ambriz, promotor de esas leyes en el Congreso local, el argumento taurino asume que “los animales son cosas” e ignora conceptos como el “derecho difuso”, donde actos como el maltrato en un espacio público impactan a una comunidad.
“A mí me afecta de manera indirecta cuando matan y lesionan a un animal ‘sintiente’ en una plaza pública para diversión. Está afectando mi convivencia en sociedad, entonces tengo la obligación y el derecho de actuar en contra de este supuesto derecho de un tercero minoritario”, apunta Gaviño Ambriz.
Parte del cartel de la temporada capitalina que finalizó el domingo, Juan Pedro Llaguno, torero mexicano de 22 años y nieto de criadores, relata que “muchísimas veces” ha matado animales que conoce desde que nacen, algo que define como “una sensación divina”.
“Tener el privilegio de poderlo torear es lo más bonito que hay porque lo conozco desde chiquito y por fin puedo llegar al ruedo con él a crear algo inolvidable, algo inexplicable”, comenta a la AFP.
Llaguno subraya que el toro bravo “nace para ser lidiado” y morir en la plaza. “Es la forma de despedirse de la vida dignamente, con el público reconociendo su bravura”.
Cuatro estados mexicanos prohíben las corridas: Sonora, Coahuila, Guerrero y Quintana Roo (sureste). Otros siete las protegen como patrimonio cultural.
Pero Gaviño, del partido PRD, asevera que “científicamente se puede comprobar” que el animal sufre durante la lidia.
En su defensa, los taurinos también reivindican el valor económico de la industria de bovinos de espectáculo en México: en 2018 movió 343 millones de dólares, creando unos 80 mil empleos directos y 146 mil indirectos, según datos del sector corroborados por la Secretaría de Agricultura.
Gran parte de este derrame se produce en la capital, si bien 80% de los festejos ocurren en pueblos del resto del país, señala Cué.
Aunque abierto a buscar alternativas para quienes dependen de los toros, Gaviño considera inadmisible que “situaciones económicas” trunquen la prohibición.
El debate sobre las corridas se extiende a países de la región como Venezuela, de larga tradición taurina. Jueces prohibieron festejos en dos estados en diciembre y enero, mientras el fiscal general, Tarek William Saab, tilda estos eventos de “matanzas públicas”.
También cursa un proyecto de ley que prohibiría espectáculos con maltrato animal.
En junio de 2020, Bogotá decidió prohibir el maltrato y muerte del toro en las corridas. En contraste, el máximo tribunal de Perú rechazó ese mismo año proscribirlas.
Los otros países donde están permitidas son España, Francia, Portugal y Ecuador, aunque en este último varias ciudades, incluida Quito, proscribieron en 2011 la muerte del toro en el ruedo.
Con información de agencia AFP
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La noticia Principio del fin a cinco siglos de tortura en las corridas de toros fue publicada originalmente en Turquesa News.