El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, revisar el “caso Isabel Miranda de Wallace”, una mujer vinculada con los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, y a quien se ha acusado de comprar jueces y hasta torturar reos en prisión.
Miranda de Wallace fue señalada por periodistas, esta mañana, durante la conferencia de prensa del Presidente en Palacio Nacional.
Uno de ellos dijo que la supuesta activista practica espionaje y compra jueces; también se le señaló como torturadora. López Obrador pidió entonces a la ministra en retiro Sánchez Cordero y a Encinas Rodríguez que acudieran a ese recinto para informar qué han hecho y qué se hará respecto al caso.
“Es increíble la sarta de tonterías y mentiras que tiene que escuchar el Presidente. Ahora buscan presionarlo para liberar a secuestradores”, dijo Miranda en su cuenta de Twitter poco después de la exposición en la conferencia.
Hace dos días había dicho: “Yo no tengo a los secuestradores de mi hijo ‘metidos en el clóset’, se encuentran en penales, autoridades son las responsables de su integridad. Es absurdo que a mí, una ciudadana cualquiera, me señalen de hechos de tortura”.
Conocida como “señora Wallace”, Miranda no es una ciudadana cualquiera. Es presidenta de Alto al Secuestro y ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2010, que le fue otorgado por Calderón Hinojosa. Intentó participar en política –fue candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal por invitación del expresidente–, pero no fue votada y fracasó.
Miranda dice que su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda fue secuestrado y asesinado el 11 de julio de 2005, aunque hay un fuerte debate sobre el caso. En mayo de 2014, las periodistas Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga pusieron en duda el secuestro y el asesinato del hijo de Miranda. Lizárraga publicó un libro sobre el tema: El falso caso Wallace.
Por su parte, el periodista Ricardo Raphael ha hecho temblar el llamado Caso Wallace, emblemático durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. En entrevista con W Radio, posterior a un reportaje en la revista Proceso, dijo que la denuncia por el secuestro del hijo de Isabel Miranda de Wallace, por la cual hay siete personas en prisión, podría ser “el gran fraude judicial de la historia”.
El colaborador de la revista Proceso publicó un reportaje sobre el padre biológico del hijo desaparecido de Isabel Miranda. El periodista dice que el padre de Hugo Alberto León Miranda no es el que ha dicho la señora Wallace.
Hugo Alberto León sería hijo biológico del primer esposo de Isabel Miranda, Carlos León Miranda, quien, de acuerdo con la investigación del periodista, es primo hermano de Isabel Miranda de Wallace.
“Este caso podría ser el gran fraude judicial de la historia, podría haber siete personas hoy encerradas por más de 12 años en cárceles de alta seguridad sin haber cometido ninguno de los delitos que se les imputan, porque hubo una señora con mucho poder económico y político que manipuló el aparato de justicia”, dijo el periodista.
Brenda Quevedo Cruz, fue detenida de manera arbitraria en 2007 por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, pero su caso podría dar un giro de 180 grados en los próximos días si el juez resuelve a favor de una petición que primero hizo el Grupo de Trabajo de la ONU y ahora retoma el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP): su liberación inmediata.
El artículo que Ricardo Raphael publicó en Proceso señala que Isabel Miranda mintió al decir que su hijo fue procreado con su segundo marido, José Enrique del Socorro Wallace Díaz, con lo cual se pondría en entredicho la hipótesis bajo la que han sido detenidos los presuntos culpables del secuestro de Hugo Alberto León Miranda.
Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene dos carpetas de investigación en contra de Isabel Miranda de Wallace, una presentada en contra de ella y otras diez personas más en la que se denuncian actos de tortura y la segunda, la más reciente, en la que se le acusa sólo a ella por el delito de falsedad de declaraciones en la modalidad de simulación de pruebas.
Las denuncias fueron presentadas por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial, en noviembre de 2020 y en mayo de 2021, respectivamente, según revelaron fuentes cercanas al caso a SinEmbargo.
La carpeta de investigación más reciente es la FED/CDMX/SE/E/2676/2021, a cargo del Ministerio Público Marcos Salazar Vallejo, la cual fue presentada el pasado 6 de mayo ante la delegación metropolitana de la FGR en la Ciudad de México por el delito de falsedad de testimonio rendido ante una autoridad judicial en la modalidad de simulación de pruebas.
La acusación señala que Isabel Miranda Torres de Wallace simuló rentar un departamento a través de un trabajador de ella para plantar una gota de sangre y una licencia de conducir, elementos que han presentado en contra de los acusados del secuestro y homicidio de su hijo.
A su vez, también la acusan de simular que Carlos León Miranda era José Enrique del Socorro Wallace para que el dictamen en genética coincidiera.
Fuentes consultadas por SinEmbargo indicaron que en un principio la FGR no quiso recibir la denuncia por simulación bajo pretextos “absurdos” como el que el pie de la nota no coincidía con los anexos entre otros, pero finalmente la Defensoría Pública logró interponerla.
Sin embargo, la investigación hasta el momento no ha presentado ningún avance, pues al menos la Defensoría Pública no ha sido notificada de ninguna resolución, avance o diligencias que haya realizado la FGR sobre el caso.
Por su parte, la Defensoría trató de ampliar la carpeta de investigación, pero la ampliación no fue recibida por el personal de la FGR bajo el argumento que ya existía una “abstención de la investigación”. No obstante, la parte ofendida no había sido notificada de la decisión de “no investigar”.
La otra denuncia en contra de Isabel Miranda Torres y autoridades penitenciarias involucradas en los actos de tortura y violaciones de derechos humanos a Brenda Quevedo Cruz, fue presentada ante la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura el 6 de noviembre de 2020 en cumplimiento a la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, quien pidió a las autoridades mexicanas la liberación de Brenda Quevedo Cruz, pues consideró que la detención por el caso Wallace fue arbitraria y contraria a los derechos humanos.
La acusación por los delitos de tortura, tratos o penas crueles inhumanos o degradantes quedó sentada en la carpeta de investigación FED/FEMDH/UNAI/MEX/000033/2020 a cargo de la Ministerio Público Laura Nayeli Salas Ramírez. La acusación es por los actos de los que fue víctima Brenda Quevedo durante su detención el 26 de noviembre de 2011, así como en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito en el Estado de México el 27 de noviembre de 2009 y en el Centro Penitenciario Islas Marías, Nayarit, el 12 y 13 de octubre de 2010.
El señalamiento en contra de Wallace es porque ella habría “confesado” ser autora de la tortura que recibieron los detenidos por el caso, pues la denuncia destaca como un antecedente relevante una nota publicada el 17 de septiembre de 2019 titulada “Pude haber mandado a matar a los asesinos de mi hijo, pero no lo hice” en donde se citan las declaraciones de Miranda Torres en la que ella habría señalado “Yo lo pude haber mandado matar, no nada más golpear”.
Además de Isabel Miranda, se acusa a Braulio Robles Zuñiga, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la entonces SIEDO.; Osvaldo Jiménez Juárez, Fiscal de la Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delincuencia Organizada de la entonces Procuraduría General de la República; Irineo Monroy Dávila, director del Centro de Reinserción Social “Santiaguito” en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, así como al encargado de despacho, jefe de seguridad, médicos de ese penal. También a las autoridades penitenciarias del Centro Federal Femenil Rehilete, en las Islas Marías.
El caso del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace comenzó el 11 de julio de 2005 cuando desapareció el hijo de Isabel Miranda, presuntamente privado de su libertad por seis personas, entre las que se encuentra Brenda Quevedo, quien está en espera de una audiencia para resolver su situación jurídica.
Según la versión de Isabel Miranda, presidenta de la fundación Alto al Secuestro, Hugo Alberto fue secuestrado y asesinado por Juana Hilda González, César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Tony Castillo Cruz, Alberto Castillo Cruz y Brenda Quevedo, quienes supuestamente pidieron un rescate de 950 mil dólares.
Los nombres y fotografías de los implicados fueron dados a conocer por la señora Isabel Miranda de Wallace en diversos anuncios espectaculares colocados en las principales vialidades de la Ciudad de México y su caso llegó a los medios de comunicación.
Esta estrategia hizo que expresidentes como Vicente Fox y principalmente Felipe Calderón se acercaran a ella y pusieran todo el aparato del Estado para dar con los responsables, quienes uno a uno fueron detenidos y obligados a confesar –bajo tortura– el delito, de acuerdo con sus denuncias.
La única prueba pericial de que Hugo Alberto fue asesinado en el departamento de Juana Hilda Lomelí es una gota de sangre que se encontró en el lugar el 14 de febrero de 2006, seis meses después del plagio y del primer cateo que se hizo en ese inmueble (15 de julio de 2006).
Llama la atención para los defensores que el inmueble ubicado en la colonia Insurgentes Mixcoac no fue inmediatamente asegurado por las autoridades, a pesar de que se investigaba un secuestro y homicidio; fue rentado a los pocos meses, entre octubre de 2005 y febrero de 2006.
De acuerdo con la información brindada por quienes llevan la defensa de Brenda, la administración del edificio pidió permiso al comandante Franco —a quien Brenda ha señalado como una de las personas que la amenazaron—, quien autorizó la liberación del departamento para ser arrendado.
El inmueble fue rentado a Rodrigo Osvaldo de Alba quien, de acuerdo a indagatorias de la defensa de Brenda, era empleado de Show Poster, una empresa en la que Isabel Wallace era directora.
A Miranda Torres también se le ha señalado de mentir con respecto a la paternidad de su hijo, al presentar a Enrique del Socorro Wallace Díaz como padre de Hugo Alberto ante la Fiscalía en la que se hizo una prueba pericial de la gota de sangre encontrada en el departamento, la cual, había coincidido con el ADN de José Enrique.
El 29 de abril de 2019, Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, ofreció una conferencia de prensa en el Senado junto con Nestora Salgado donde confirmó ser el padre y descartó que la gota de sangre perteneciera a su hijo.
León Miranda reveló que Isabel Miranda lo buscó cuando desapareció su hijo y le pidió ayuda; que ella lo llevó a la entonces PGR para dar una muestra de sangre y estando en la corporación ella presentó a Carlos como José Enrique Socorro.
“Cuando Isabel me comentó el secuestro de mi hijo, me sentí muy afectado. Yo le ofrecí: eso se puede solucionar con una muestra de sangre. Si es necesario, le dije, yo me presento a dar esa muestra. Ella aceptó y después me llamó. En ese momento dijo que viniera a dar la muestra, pero me llamó mucho la atención que cuando entramos a la SIEDO [..] ella lo hizo como si fuera mi casa o la casa de ella. Dando órdenes de cómo debían realizarse el proceso. De cómo debían trabajar las personas”.
Una vez adentro, me presentó: ‘Aquí viene Enrique, viene a dar una muestra de sangre. ¿Cómo le vamos a hacer? Pásale al laboratorio’”, señaló en ese entonces el exesposo de Miranda de Wallace.
Con información de https://www.sinembargo.mx/15-07-2021/4001703
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La noticia Pide AMLO a Sánchez Cordero revisar caso Miranda de Wallace fue publicada originalmente en Turquesa News.