¡Justicia para Cecilia! Víctima de violencia familiar en Cancún

Al igual que Addisbel, la cantante cubana golpeada en Chetumal en diciembre pasado, en Cancún cimbra a la población otro caso de violencia familiar donde el agresor fue consignado por «faltas administrativas».

Cecilia fue afortunada y logró salir con vida del círculo vicioso que enfrentaba con su pareja en una espiral que estaba acabando con su existencia.

Su pareja sentimental, un hombre violento, estuvo a punto de matarla a golpes y pese a las evidentes huellas de maltrato en todo su cuerpo, las autoridades municipales lo dejaron libre con la justificación de que los policías que lo capturaron lo remitieron de manera errónea a “El Torito”, cuando debió ser llevado al Ministerio Público de la Zona Norte (Cancún), para hacer los trámites correspondientes por violencia.

Durante su cautiverio, Cecilia fue molida a golpes por su agresor: primero con la hebilla de un cinturón, después con palos de escobas con la que fue tundida en la espalda, brazos, piernas y cara, la cual le provocaron hemorragias internas que estuvieron a punto de matarla.

En su desesperación, Cecilia logró hacer una denuncia anónima y al salir de su casa con su victimario, éste fue detenido por agentes municipales y contrario a lo que esperaba al solicitar protección de las autoridades correspondientes, inició su calvario al pretender encontrar la justicia que nunca llegó.

Al contrario, la tramitología para buscar la detención de su agresor se convirtió en una pesadilla con personal insensible en instituciones como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer ante la situación de emergencia que enfrentaba por la gravedad de sus heridas internas que ponían en peligro su vida.

Peor aún, de manera sorpresiva su agresor fue liberado a las 24 horas de su detención, argumentando que los agentes que lo detuvieron hicieron cargos por faltas administrativas y no por lesiones graves e intento de feminicidio, amén de que los uniformados trataron de justificarse afirmando que no fue detenido en flagrancia y por error lo remitieron a “El Torito” y no al Ministerio Público como correspondía en este tipo de casos para ser consignado por violencia familiar, privación de la libertad y otros delitos que hubieran podido lograr su encarcelamiento.

“DISCULPEN, NOS ESTÁN MATANDO”

Esta fue la frase que cimbró en Chetumal luego de que la pareja sentimental de Addisbel Pupo Núñez, una cantante cubana residente en Chetumal, fue liberada sin cargo alguno en un evidente caso de corrupción, después de haber tundido a golpes a la mujer, quien tuvo que ser inducida a un coma a principios de diciembre pasado.

Las lesiones infringidas por su agresor le provocaron diversas facturas graves, entre ellas de la mandíbula, pómulos, la nariz y varias costillas rotas, así como la posible pérdida de la visión.

Denunciantes afirmaron que las lesiones fueron tan brutales que la víctima presentó desprendimiento de la quijada, perdió piezas dentales y estallamiento ocular en ambos ojos que podrían hacerle perder la vista.

El agresor, hijo del dueño de un conocido restaurante en la ciudad de Chetumal, quien según varios testigos, arrastró a su víctima desnuda hasta la calle y, después de darle todo tipo de golpes y patadas, intentó incluso pasarle la camioneta por encima.

El victimario, igual que en el caso de Cecilia, fue detenido por la Policía Estatal en el lugar de los hechos e ingresó a la cárcel municipal acusado de una falta administrativa y no por lesiones graves o intento de feminicidio con lo que logró su liberación 12 horas después de haber sido detenido con el pago de una multa de cinco mil pesos por sus abogados.

SEMÁFORO ROJO POR VIOLENCIA FAMILIAR

Las cifras son escalofriantes y las afectaciones sociales están a la vista en una entidad que se ha cimbrado por la violencia desde el interior de sus hogares en una espiral que nada ni nadie ha podido detener.

De acuerdo con las cifras de Semáforo Delictivo de Quintana Roo, en mayo de 2016, Chetumal tuvo un incremento alarmante igualando en número de casos de violencia familiar al municipio de Benito Juárez, en 34 por ciento, mientras que Solidaridad tuvo un índice del 18 por ciento.

La ciudad de Cancún tiene más de 300 por ciento de habitantes que la capital de la entidad, hablando de cifras conservadoras. Según el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2015, en esa fecha, el municipio de Othón P. Blanco tenía una población de 224 mil 80 habitantes, mientras que el municipio de Benito Juárez, 743 mil 626 ciudadanos.

Durante junio, julio y agosto del mismo año, Chetumal superó a Cancún en números de casos reportados por violencia familiar con 34, 35 y 33 por ciento, respectivamente, contra el 31, 27 y 30 por ciento registrados en el mismo periodo en Benito Juárez. Desde entonces, este municipio se ha mantenido en segundo lugar en la escalada de violencia dentro de los hogares de Quintana Roo.

Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Centro Nacional de Información de los delitos del fuero común, en Quintana Roo el número de feminicidios registrados de manera oficial en 2015 y 2016 fueron de cero por cada cien mil habitantes, 0.49 en 2017, 0.95 en 2018 y 0.58 en el primer trimestre de 2019.

La misma dependencia reportó que durante el 2018 hubo un incremento en los casos registrados de violencia familiar de hasta un 75 por ciento, donde destacan Quintana Roo, con 66 por ciento, y Michoacán, con 75 por ciento.

A nivel nacional, el número de carpetas de investigación por este delito fueron de 90 mil 352 en los primeros seis meses de 2018, es decir, aumentó 9.2 por ciento que el mismo periodo de 2017, cuando se registraron 82 mil 677 a nivel nacional.

Dicho informe señala que las entidades que han reflejado un incremento por este fenómeno son: Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, Coahuila, Jalisco y Baja California. Mientras que Quintana Roo reportó un alza de 66 por ciento, con más de 113 mil 826 carpetas de investigación.

Además, de acuerdo con las cifras del Semáforo Delictivo, prácticamente toda la entidad se encuentra en semáforo rojo desde el 2015 hasta febrero del presente año, con sus pocas excepciones como noviembre de 2016, cuando solo Cozumel, Othón P. Blanco, Puerto Morelos y Bacalar registraron índices de agresiones en el seno del hogar encima de la media nacional.

VIOLENCIA EN TODO EL PAÍS

Para Guadalupe Reyes Pinzón, fiscal Especializada en Delitos contra la Mujer, existe un problema de género o violencia contra la mujer de manera general en todo el país y no es exclusiva de Quintana Roo.

“Ante esto, debemos apostar a la educación para erradicar este mal que agobia a la población, porque la familia es la base de la sociedad y evitar estigmas y estereotipos, por eso, debemos erradicarla desde el seno de la familia con educación desde la infancia de manera cotidiana”, afirmó la funcionaria estatal.

Aseveró que se debe buscar la equidad e hizo un llamado para remontarnos a nuestros orígenes y promover los valores cívicos a fin de erradicar todo tipo de violencia social y la base de la prevención está en la educación.

De acuerdo con los casos registrados por la Secretaría de Seguridad Pública, a través del Banco Estatal de Datos e Información de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM), desde el 2017 hasta el 19 de febrero de 2019, se han registrado un total de 76 mil 557 casos, de los cuales, el 83 por ciento de incidencia registrada fue procesada por la Secretaría de Seguridad Pública, a través de los auxilios solicitados al servicio 911.

De este total, fueron registrados 39 mil 570 en 2017; 35 mil 876 en 2018 y en el primer bimestre de 2019, se suscitaron mil 73 casos de violencia familiar.

De estas denuncias, 890 víctimas fueron registradas en la Fiscalía General del Estado en 2017, dos mil 112 en 2018 y 413 casos en el primer bimestre de 2019.

Reyes Pinzón precisó que de las más de dos mil denuncias registradas en Benito Juárez en 2018 y de las 580 registradas en el primer trimestre del presente año, el 50 por ciento solo interpone una denuncia y no regresa para darle seguimiento; en tanto que el 20 por ciento se retracta de las acusaciones y el 25 por ciento continua los trámites correspondientes para llegar a un buen fin y únicamente el cinco por ciento terminan ante un juez.