Las investigaciones en torno al asesinato del candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio, es un expediente abierto porque debe de esclarecerse no sólo para castigar a los responsables del magnicidio, sino también porque “representa un mensaje de la no repetición, nunca más esas atrocidades, esas infamias. Que no se toleren estas cosas y muchísimo más si son crímenes de estado”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A pregunta expresa en su conferencia, el titular del Ejecutivo urgió al Poder Judicial a resolver ya la apelación que hizo la Fiscalía General de la República ante la negativa de un juez de otorgar una orden de aprehensión relacionada con la información que se tiene de que hubo un segundo tirador, lo resuelva la segunda instancia judicial.
Recordó que en su momento, quien años después fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y que entonces era agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Genaro García Luna fue enviado para rescatar a quien había sido el segundo tirador
“A él lo mandan a Tijuana y según, la investigación rescata al segundo tirador, por eso la fiscalía solicita al juez orden de aprehensión el juez, eso lo tendría que aclarar se atreve a decir que no va a entregar la orden de aprehensión porque este es un asunto del presidente que quiere utilizar este caso con propósitos políticos. Se niega a otorgar la orden de aprehensión esa fue la excusa”, mencionó.
Asimismo, como se recordará el pasado 16 de febrero, en la conferencia matutina el presidente López Obrador señaló que el Gobierno de México mantiene la demanda en Florida, Estados Unidos para recuperar 634 millones de dólares por la trama de corrupción de García Luna.
Jorge Antonio Sánchez Ortega, fue el segundo tirador que actuó en contra de Luis Donaldo Colosio y quien habría sido «rescatado» por Genaro García Luna.
El objetivo es recuperar 634 millones de dólares del pueblo de México, extraídos de forma ilegal como parte de la trama de corrupción de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), informó entonces el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez.
Por su parte, el presidente López Obrador detalló que la federación reclama este monto pagado en sexenios anteriores por distintas entidades públicas y transferido a través de paraísos fiscales, principalmente de Barbados a Florida, donde fue aplicado en la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
El titular de la UIF mencionó que, derivado de la demanda presentada por el gobierno federal desde el 21 de septiembre de 2021, se tienen aseguradas 19 propiedades de García Luna, quien fue declarado culpable el año pasado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Los demandados en el proceso civil emprendido por el gobierno federal, explicó, presentaron diversas solicitudes de desechamiento de juicio, sin embargo, el juez de primera instancia las negó.
“Hemos tenido éxito y el juicio se ha reanudado y está en este momento en la etapa de conciliación, que es obligatoria en estos tribunales, para entrar a la deposición de los elementos probatorios de cada una de las partes”, afirmó.
Por ello, el Gobierno de México, dijo, se prepara para esta nueva fase legal con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Gómez Álvarez expuso el modelo de triangulación de capital empleado por García Luna y cómplices, entre ellos, Grupo Weinberg, que integraron empresas instrumentales y relacionales, por lo que no producían tecnologías de hardware o software ni eran especializadas en seguridad; solamente se dedicaban a celebrar convenios y a comprar insumos en el extranjero.
Los contratos fueron mayoritariamente celebrados y pagados en dólares; el pago no se efectuaba en un banco o cuenta de México, sino que se transfería a otra parte del mundo, como parte del funcionamiento de este mecanismo de corrupción, refirió.
Entre las entidades gubernamentales que registraron operaciones y contratos en los pasados sexenios están el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependientes en ese entonces de la Secretaría de Gobernación, así como la Policía Federal, perteneciente a la exsecretaría de Seguridad Pública, donde García Luna fue titular durante el sexenio de Calderón.
“Las empresas que fueron contratadas, le entregaron dinero a García Luna, que era el contratante o gestor, entonces ese dinero es ilícito, así de sencillo. Y, por lo tanto, el gobierno mexicano exige que se lo devuelva porque es el origen del dinero y lo que va a resolver la juez es eso”, puntualizó.
El funcionario aclaró que en Florida no se juzgará la ilegalidad de los contratos firmados al ser un tema exclusivo de México.
“Lo que está sometido a la jurisdicción de otro país es que habiéndose realizado actividades ilícitas en México, el dinero salió al extranjero y, a través de una triangulación, se le entregó una parte de ese dinero a la persona que había hecho los contratos, García Luna o quien había gestionado los contratos, porque también hay contratos de cuando García Luna ya no era servidor público, pero gestionaba todos los contratos multimillonarios”, precisó.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que el Gobierno de México recuperó 2 millones de dólares a través de una resolución judicial por la venta de departamentos en Miami, vinculados a la trama de corrupción de García Luna. Estos recursos ya fueron entregados a la Tesorería de la Federación.
Sostuvo que el actual gobierno es el primero en incorporar como línea política el combate a la corrupción. De este modo, la dependencia puede establecer la lista de personas bloqueadas y la procedibilidad para judicializar en tribunales cualquier carpeta de investigación sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, corrupción o los pertenecientes a la delincuencia organizada.
La UIF cuenta con un marco legal preciso y trabaja de manera coordinada con todas las autoridades del país, como la Fiscalía General de la República (FGR), ministerios públicos de entidades federativas, organismos de la función pública y auditorías superiores.
Durante la presente administración, la UIF ha presentado 540 denuncias ante el Ministerio Público y ha expuesto denuncias en forma reactiva, es decir, a petición de la autoridad ministerial en 205 casos. En 2023 hubo 96 denuncias proactivas decididas por la propia unidad y 70 por petición de la FGR bajo el esquema de pronunciamiento. De ese conjunto, se involucra a 3 mil 115 personas y 2 mil 87 empresas o personas morales.
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La noticia Investigación por caso Colosio, expediente abierto: AMLO fue publicada originalmente en Turquesa News.