Engañan a migrantes que EU daría asilo; son detenidos y deportados
Un grupo de 300 migrantes cruzó la tarde de ayer el bordo del río Bravo y se concentró en la valla fronteriza, a la altura del punto de revisión 36, en los límites de Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, ante el rumor de que autoridades de Estados Unidos los recibirían para darles asilo y que las solicitudes de refugio serían aceptadas por el incendio de la estación del INM.
Del lado estadounidense, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronterizas dio entrada a unos 50 migrantes que trasladó en un autobús en un centro de procesamiento; al darse cuenta de que serían detenidos y deportados el resto regresó al lado mexicano.
La devolución a México se dio luego de conocer que no había trato preferencial por parte del gobierno estadounidense, mientras los efectivos de la Guardia Nacional texana reforzaron su vigilancia en el río Bravo, en la zona de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso contigua al puente internacional Lerdo-Stanton y Paso del Norte.
Desde la madrugada del miércoles han arribado a Juárez más de 300 extranjeros, la mayoría venezolanos, que se suben al tren de carga en ciudades como Querétaro, México, Torreón y otras, el cual llega al poblado juarense de Samalayuca.
A la salida de Ciudad Juárez, efectivos militares comisionados en el retén Precos y personal del INM, los bajan, por lo cual los migrantes caminan, unos 50 kilómetros, hacia el centro de Juárez.
Los migrantes aseguraron que les llegó el rumor de que “ahora sí” serían recibidos en Estados Unidos, donde les darían una visa humanitaria, lo cual “no ocurrirá”, aseguró el consulado de esa nación en un comunicado.
Cientos de ellos, la mayoría familias con niños, siguen llegando en grupos de 50 y 100 personas, que aseguraron que el rumor de asilo se da en redes sociales.
En el puente Paso del Norte, ubicado junto al centro de detención, autoridades estadounidenses colocaron barreras de revisión para evitar el ingreso de indocumentados; sólo permitieron el cruce de autos.
Procedentes de Tijuana, Baja California, 290 extranjeros fueron arrestados por agentes de la Patrulla Fronteriza en San Diego.
Los migrantes que cruzaron la línea internacional en varios grupos para adentrarse por California son originarios de 30 países de América, Europa, Asia y África.
En el curso de 12 horas, entre la noche del 24 de marzo y del sábado 25, se detectó al primer grupo con 90 personas cuando cruzó por el área de Goat Canyon, a siete kilómetros al oeste del puerto fronterizo de San Ysidro, limítrofe con Tijuana. Otro grupo de 30 fue aprehendido por la misma zona.
De manera simultánea fueron arrestadas otras 56 personas que cruzaron por South Levee, a dos kilómetros al oeste de la misma garita internacional. Un cuarto grupo conformado por 114 migrantes fue detenido en la misma área.
Los grupos de indocumentados eran conducidos desde México por guías del tráfico internacional de personas que operan en esta región, sin ser detectados por filtros de la Guardia Nacional y del INM en aeropuertos de Tijuana y Mexicali.
Migrantes intentan cruzar a una niña sobre un charco junto al río Bravo, en su camino a la frontera de México con Estados Unidos, cerca de Ciudad Juárez.
Identificados, 9 responsables de la tragedia en Juárez
Por otra parte, la Fiscalía General de la República (FGR) identificó a nueve presuntos responsables de la muerte de 39 migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y tramita las órdenes de aprehensión contra dos agentes federales, un agente estatal de migración, cinco elementos de seguridad privada y un migrante.
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó en conferencia de prensa que todos los señalados ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales y que en el caso “evidentemente hay un delito grave”.
Al migrante se le señala por haber causado el incendio del pasado lunes y a los empleados públicos y al personal de seguridad privada por la omisión de auxiliar a los indocumentados cuando ya había estallado el fuego en el lugar, añadió.
La funcionaria criticó que los empleados públicos y los guardias contratados que estaban en el lugar “no fueron capaces de abrir una reja” y aseguró que la investigación judicial busca precisar “quién no permitió la salida de estas personas”.
Declaró que una de las víctimas murió en el hospital y aún había 27 heridos, 16 de ellos graves.
En el encuentro con la prensa, la titular de la SSPC y Sara Irene Herrerías Guerra, fiscal especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, indicaron que está plenamente identificado el migrante que inició el incendio del área en la que estaban 68 personas.
Herrerías puntualizó que las investigaciones contra los presuntos responsables se iniciaron por los delitos de homicidio doloso y daño en propiedad ajena y posiblemente se añadan abuso de autoridad y lesiones. Entre ayer y el viernes la fiscalía habrá solicitado todas las órdenes de aprehensión contra los señalados.
La fiscal relató que los migrantes que estaban en la estación comenzaron a protestar al filo de las 20:30 horas del lunes y media hora después prendieron fuego a unas colchonetas. Los elementos de seguridad privada y dos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) abandonaron el lugar sin abrir las rejas que impedían el paso de los extranjeros.
La secretaria de Seguridad indicó que se investigan las causas por las que los indocumentados estaban recluidos en la estación migratoria y por qué no se aplicaron protocolos de protección civil.
Agregó que “la política migratoria de nuestro país es respetuosa de los derechos humanos y considera el libre tránsito (…) en este gobierno se castigan los abusos y violaciones a los derechos humanos. Tenemos un compromiso irrestricto con la sociedad para evitar la impunidad”.
Las funcionarias subrayaron que de los 27 extranjeros heridos, 14 reciben atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 11 en el Hospital General del estado y dos en nosocomios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Rodríguez anunció que, tras los hechos en Ciudad Juárez, las autoridades revisarán todas las instalaciones migratorias del país para proteger la vida de los extranjeros.
Sostuvo que la empresa de seguridad privada deberá responder por lo sucedido y ya no será contratada.
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