El Presidente Andrés Manuel López Obrador asintió que en el fraude con facturas falsas participaron la Cámara de Diputados, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), partidos políticos, periodistas, gobiernos, funcionarios públicos, Radio y Televisión Hidalgo, el Club Atlas y más, la lista la dio una de las reporteras.
En su conferencia de prensa matutina, afirmó que todos serán requeridos y que la defraudación fiscal podría superar los 50 mil millones de pesos. Las denuncias serán contra 43 empresas defraudadoras y 8 mil contribuyentes, personas físicas y morales.
“¿Cuándo se había presentado una denuncia de defraudación fiscal como la que se acaba de dar a conocer? Porque esto fue tolerado por muchos años y desde luego que participaban funcionarios públicos y les diría algunos empresarios, no todos, porque hay empresarios muy responsables, pero como en todos los sectores, hay ‘fichitas’ y en esto también participaron medios de comunicación. Era la corrupción somos todos”, comentó el mandatario.
Frente a los medios de comunicación, confirmó que en esta evasión fiscal participaron “partidos, periodistas, funcionarios, públicos, gobiernos“, por lo que “todos van a ser requeridos”.
“No hay impunidad y qué bien que se explicó el procedimiento. Son dos niveles: los autores intelectuales, los que maquinaron todo este fraude con influyentismo, las empresas factureras están bien identificadas, por eso se están presentando denuncias penales; y la gente, los contribuyentes que utilizaron este procedimiento para reducir el pago de impuestos, algunos conscientes, otros sin saberlo. Entonces por eso de inmediato querellas penales a los de arriba, son 43, y a 8 mil contribuyentes, personas físicas o morales”, precisó.
Antes, Raquel Buenrostro Sánchez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que se están ya presentando denuncias penales contra las factureras y que se citará además a quienes recurrieron a ellas. Buenrostro se le considera uno de los brazos más sólitos del proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde Palacio Nacional, anunció que el Gobierno de México presentará un primer paquete de denuncias en el caso de las factureras contra el fraude fiscal de 43 empresas que realizaron evasión de impuestos al SAT por un valor total de 55 mil 125 millones de pesos.
“De los últimos 10 años para acá, empezaron a surgir unas empresas que facturaban operaciones, algunas, la mayoría, reales, pero muchas fueron operaciones simuladas. ¿Qué es una operación real? Es un servicio, un bien que realmente existió. Una operación simulada es un bien que se facturó, que se documentó, pero que nunca existió. Y que es difícil comprobar a lo largo del tiempo”, detalló.
La jefa del SAT explicó que el modus operandi de estas compañías consistía en la simulación de facturas sobre bienes o servicios simulados o inexistentes, así como el incremento de gastos falsos, para la disminución en los beneficios registrados por la empresa y la posterior disminución en sus obligaciones tributarias.
“Nosotros hemos encontrado diferentes empresas factureras, algunas que simplemente se dedican a incrementar falsamente los gastos con servicios o bienes inexistentes, pero muchas veces estas empresas están vinculadas con las dos actividades. O sea, no sólo inventan facturas de gastos falsos, sino que también llevan facturas para encubrir o disfrazar gastos y pagos ilícitos”, agregó.
Buenrostro señaló que en este fraude llegaron a participar hasta 8 mil 212 empresas en una red que presentó operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos. La funcionaria añadió que este tipo de operaciones también se utilizaron para operaciones ilícitas a través del blanqueo de dinero.
El Ejecutivo de López Obrador ha emitido siete querellas contra los principales grupos de estas factureras. Por tipo de impuestos, las compañías generaron un fraude fiscal de 24 mil 583 millones de pesos en el Impuesto Sobre la Renta y de 11 mil 396 millones de pesos (450 millones de euros) en el IVA.
Las empresas que se han visto expuestas a esta red de fraudes se caracterizan por no tener empleados en muchos casos y se reparten en diferentes sectores como comercio e industrias manufactureras, aunque en los últimos años se han trasladado hacia el área de servicios por la complejidad en comprobar dichos fraudes en este sector, según Buenrostro.
“Cuando se empezó a revisar el tema de facturas, sobre todo el año pasado, porque como lo mencionó el Presidente estas empresas vienen proliferando desde 2010 y empiezan a crecer exponencialmente. Al principio la incidencia estaba en temas de comercio al mayoreo, construcción, comercio al menudeo e industrias manufactureras. A medida de que pasa el tiempo, se van al área de servicios. ¿Por qué? Porque los servicios son más difíciles de comprobar”, sostuvo.
El Gobierno enviará una carta a los posibles defraudadores para que regularicen su situación en un periodo de tres meses, incluso para aquellos contribuyentes que no sabían de dicha irregularidad y han participado en el fraude de manera involuntaria. En el caso de que no se produzca dicha regularización, la Procuraduría Fiscal podría imponer penas de hasta nueve años de prisión.
En su oportunidad, Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, subrayó que primero van a atacar a quienes venden las facturas falsas, al que constituye las empresas. Por ello, “el día de hoy se estarán presentando 7 querellas contra los grupos principales de estas factureras para tratar de cuadrar dos delitos: uno que es la defraudación fiscal y otro que es lavado de dinero para tratar de equiparar la delincuencia organizada”.
“Como mencionaba la jefa del SAT, se va a mandar un requerimiento, un exhorto a los contribuyentes pensando que todos actuaron de buena fe y que no saben que compraron estas facturas y que las utilizaron en su contabilidad o que incluso recibieron algún dinero vía asimilares a salario. Se les va a dar tres meses para que cumplan y se regularicen. Si en estos tres meses no se regularizan, la Procuraduría Fiscal presentara las querellas contra el que compró las facturas o el que se vio beneficiado, o el que recibió el dinero por asimilable a salario, porque se presume entonces que sí hay un contubernio, que sí hay un acuerdo criminal entre el que compró y el que vendió”, añadió.
Finalmente, Romero Aranda recordó que “antes no se llevaban investigaciones, proliferaron las factureras porque se permitía. El mensaje que se quiere mandar hoy es que se acabó la fiesta, que las factureras ya no pueden seguir adelante. Todos tenemos que pagar impuestos, es el cambio de la cultura tributaria”.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer una persecución legal contra un “fraude monumental” de facturas falsas equivalente al 30 por ciento de los ingresos del Gobierno en el que estarían involucrados altos funcionarios.
En conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el mandatario dijo que en la última década han operado en el país empresas dedicadas a “falsificar facturas mediante mecanismos de lavado de recursos para no pagar por completos los impuestos”.
“Se creó un sistema de recaudación paralelo, un sistema fiscal informal en donde estos despachos ofrecían servicios a pequeñas, medianas y grandes empresas y se cometió un gran fraude”, expresó López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con la promesa de erradicar la corrupción.
El Presidente estimó que la evasión “equivalía hasta el 30 por ciento de los ingresos del Gobierno”, por lo que “estamos hablando de un fraude monumental”.
Según dijo, se defraudaron al menos 50 mil millones de pesos (unos 2 mil 240 millones de dólares).
“Desde luego se van a presentar denuncias penales para los responsables y, para los contribuyentes que ni siquiera saben que sus facturas fueron falsas, se les va a dar la oportunidad de que se regularicen”, dijo.
Al ser preguntado sobre la implicación de altos funcionarios de Administraciones pasadas, el Presidente se limitó a confirmar que “hay de todo”.
“Nosotros no podemos callar porque estaríamos encubriendo, y vamos a dar a conocer en qué consistía este fraude a la nación, cómo operaba, quiénes eran los responsables y cuánta gente fue víctima”, expresó López Obrador.
En 2019, México mejoró ocho posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional pero sigue estando en la parta baja de la clasificación, al ocupar la posición 130 de 180 países evaluados.
Con información de agencia Europa Press y EFE
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