Continúa el “despepite” de Emilio Zebadúa detallando los desvíos de Rosario Robles en este caso el pago de 400 millones de pesos a supuestos propietarios de terrenos aledaños al NAIM.
De manera inexplicable, el gobierno de Enrique Peña Nieto pagó, por conducto de la Sedatu encabezada por Rosario Robles, 400 millones de pesos a supuestos propietarios de terrenos aledaños al hoy cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco.
Esa cantidad “se pagó a cambio de nada, con recursos no presupuestados, de un programa que no tenía ese objeto”, por una secretaria que no tenía dicha facultad “y con base todo en una minuta sin fundamento legal”, declaró Emilio Zebadúa González, ex oficial mayor de la Sedatu.
En su comparecencia ministerial ante la Fiscalía General de la República, Zebadúa González reveló que distintas dependencias federales de la administración de Enrique Peña Nieto realizaron operaciones poco claras en la adquisición de esos terrenos.
Explicó que se dio una alianza entre el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación (Segob), y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
“El mecanismo empleado significaba una división del trabajo en la que la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Gobierno, a cargo en este periodo del licenciado René Juárez Cisneros, llevaban a cabo la negociación con supuestos propietarios, ejidatarios o posesionarios de las zonas de Atenco y la denominada los ‘Tlateles’ o ‘El Moño’, en la vecindad del NAICM”, declaró Zebadúa, de acuerdo con una copia de su declaración obtenida por Aristegui Noticias.
En este proceso coadyuvaron la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así la como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). A la Sedatu le correspondía específicamente verificar el cumplimiento de los derechos ejidales o de posesión que debían tener los titulares de los lotes o parcelas a adquirir para el NAICM.
“La Sedatu, como depositaria de los archivos y expedientes agrarios del país, tenía la capacidad de determinar la validez o no del derecho de un posible vendedor o beneficiario de la adquisición de los terrenos en particular. Además, la Sedatu era la encargada de llevar a cabo los pagos, para la adquisición de esos terrenos, siempre con el visto bueno o indicación del Grupo Aeroportuario y de la Secretaría de Gobernación”.
Zebadúa expuso que la tarea de revisión y pago de los predios no le competía a la Sedatu de acuerdo con su propio reglamento interior, pero la llevaba a cabo por un acuerdo de coordinación establecido por el Ejecutivo entre las dependencias referidas, además de la Secretaría de Hacienda.
Al interior de la Sedatu, la responsabilidad de cumplir con la tarea recayó sobre Enrique González Tiburcio, subsecretario de Ordenamiento Territorial, quien participaba en la mesa permanente con representantes de la Segob, Conagua, SCT, Semarnat y Hacienda para el seguimiento del proceso de compra de terrenos.
A través del acuerdo plasmado en una minuta con fecha 20 de mayo de 2017, González Tiburcio, de la Sedatu, Juárez Cisneros, de Segob, y Roberto Ramírez de la Parra, de la Conagua, se comprometieron con el llamado Frente Auténtico del Campo y con Juan Loreto González, líder del predio ‘Tlateles’, cuya superficie es de 256 hectáreas, a llegar a un acuerdo de compensación o reubicación en un terreno de 508 hectáreas de superficie.
A pesar de que la Sedatu y la Segob determinaron que ni el Frente Auténtico del Campo ni el representante de los ‘Tlateles’ podían acreditar ni legal ni materialmente la posesión o propiedad sobre dichos terrenos, los tres funcionarios federales mencionados solicitaron por escrito de fecha 7 junio de 2018, a Rosario Robles, que se le entregara a los peticionarios del Frente Auténtico del Campo 400 millones de pesos, a lo cual accedió la titular de Sedatu.
“El convenio referido en el párrafo anterior introduce un término arbitrario denominado ‘ayuda social’, esto a efecto de justificar la indebida entrega de recursos a estas personas, asignándose arbitrariamente cantidades por individuo que varían de entre 300 mil pesos o 400 mil pesos, hasta los 10 millones de pesos aproximadamente”, relató Zebadúa.
La transferencia de recursos “procedería independientemente de su justificación o no por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que ésta derivaba de un acuerdo entre el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, y el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya”.
De esa manera se giraron alrededor de 200 cheques a los llamados beneficiarios. “Dichos cheques fueron entregados sin que hubiese contraprestación u obligación de los legítimos beneficiarios a favor del Gobierno o del NAICM. Los terrenos referidos no cambiaron de estatus jurídico, puesto que estos no eran de la propiedad, posesión u ocupación de los supuestos beneficiarios. Incluso en el convenio de referencia en su cláusula segunda, establece que la ayuda social se otorga a cambio de la no ocupación de los predios”.
“Es decir, se pagó a cambio de nada, con recursos no presupuestados, de un programa que no tenía ese objeto, por una secretaria que no tenía dicha facultad responsabilidad, y con base todo en una minuta sin fundamento legal”, precisó Zebadúa.
Finalmente, Zebadúa aclaró que “todas estas actuaciones y decisiones se tomaban a nivel del gabinete presidencial y con la gente de confianza del presidente Enrique Peña Nieto, nunca participe, ni opiné sobre las estrategias o planeación de estas, ya que la secretaria Rosario Robles Berlanga instruía a sus subordinados para que actuaran de esa forma”.
Con información de https://aristeguinoticias.com/2411/investigaciones-especiales/la-sedatu-de-robles-pago-400-mdp-a-supuestos-propietarios-de-terrenos-aledanos-al-naicm-zebadua-documento/
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