A través de una red de corrupción que involucra a jueces, despacho de abogados y colusión con personal de los poderes de justicia locales, se despojó de vivienda a 249 mil derechohabientes del Infonavit a través de juicios masivos ilegales que se llevaron a cabo sin notificación a las personas demandadas y que se les promovieron juicios en otras entidades a donde vivían. Está operación fraudulenta generó pagos ilegales por 29 mil millones de pesos a una veintena de despachos de abogados.
Al dar a conocer esta gran operación de despojo ilegal de viviendas, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza dijo que se han promovido ya denuncias penales en contra de funcionarios del Poder Judicial estatales y contra los responsables de los despachos de abogados que se confabularon con esta red de corrupción para despojar de viviendas a derechohabientes, miles de los cuales estaban incluso al corriente de sus pagos pero que fueron demandados sin su conocimiento.
Romero Oropeza dijo que de esta operación fraudulenta no estaban al tanto las comisiones de Administración y de Auditorías del Consejo del Infonavit. Señaló que la primera alerta fue en el sexenio pasado, cuando se detectó que en Nayarit se iniciaron juicios contra miles de derechohabientes por lo que ordenó la suspensión de juicios masivos por parte del Infonavit al detectarse un cúmulo de irregularidades.
Romero Oropeza dijo que después de esta alerta se hizo una investigación sobre todo el país detectándose que a nivel, nacional 373 mil derechohabientes fueron demandados para despojarlos de su vivienda, de los cuales 249 mil perdieron su patrimonio y 202 mil son viviendas que no se puede escriturar a nadie porque esta se realizaron con juicios ilegales.
El funcionario denunció que a pesar de que López Obrador ordenó detener los juicios, masivos, una confabulación del poder judicial y de nueve despachos de abogados continuaron con los juicios en principio individuales, pero con la misma estrategia de juicios orales contra 63 mil 44 derechohabientes que fueron denunciadas en la ciudad de México.
Sin embargo, de estos miles de juicios solamente 3 mil eran de personas que residían en la ciudad de México, porque eran 6 mil 515 de Puebla, 5 mil 359 del estado de México, 5 mil 964 de Tamaulipas, 3 mil 857 de Sonora y 37 mil de otras entidades.
Destacó que particularmente en el juzgado 60 de lo civil del tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México se recibieron denuncias a un ritmo de 4 mil juicios al mes cuando hay 75 juzgados en la entidad y en el resto recibían un promedio de 14 al mes.
Por ello se iniciaron las demandas contra nueve despachos, destacando que el despacho Desnor, fue una propuesta del representante de la Coparmex en la comisión de Vigilancia, “por cierto una organización empresarial que está muy preocupada por el dinero del Infonavit”. Además, ese representante está ligado a una empresa denominada Automatic Development la cual tiene proyectos de construcción del Infonavit.
Romero Oropeza, destapó un esquema de corrupción que aconteció en las administraciones anteriores del Instituto, en donde jueces corruptos, funcionarios y despachos se coludieron para despojar a decenas de miles de derechohabientes de sus viviendas mediante juicios masivos. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que se continúan presentando denuncias penales al respecto.
“En la mayoría de los casos [la denuncia] es para quien resulte responsable, dado que en algunos casos se presume el nombre de alguna persona que estuvo involucrada, pero queremos que la Fiscalía General de la República haga la investigación. Se siguen presentando denuncias penales. En algunos casos hay nombres que se le dan a la Fiscalía y en otros, que revisen integralmente quiénes son los responsables frente a estos fraudes para las y los trabajadores afiliados al Infonavit”, puntualizó la mandataria federal.
Los juicios masivos contra derechohabientes comenzaron en 2012, derivado de los créditos impagables que había otorgado el Infonavit, y afectaron a 373 mil trabajadores.
En 2019, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Consejo de Administración del Infonavit que desistiera de dichos juicios y detener el desalojo de las familias. Un año después, en 2020, se hizo una denuncia penal en Nayarit. Así se destapó la podredumbre.
La estrategia fue la siguiente: interponer demandas a las y los derechohabientes en estados distintos a los de su residencia, para evitar que fueran notificados de los procesos en su contra y que no pudieran defenderse. Miles que habían intentado obtener una casa perdieron sus hogares.
“En 2012 se implementó una estrategia de juicios masivos, a través de despachos y en los que hubo irregularidades. No se notificaba a los acreditados. Como se hizo masivo y casi fue discrecional, incluyeron a gente que no tenía problemas. A un derechohabiente que tenía una vivienda en el Estado de México lo demandaron en Coahuila, vulnerando su derecho a defenderse”, resumió Romero Oropeza.
En Nayarit, despachos de abogados, notarios, jueces y funcionarios operaron para demandar a 61 mil derechohabientes, de los cuales sólo 717 vivían en esa demarcación. En contraste, 17 mil 717 tenían su vivienda en Chihuahua, 16 mil 579 eran de Tamaulipas, seis mil 214 eran de Nuevo León y 20 mil 703 eran del resto del país.
Al mismo tiempo, mil 113 personas con créditos en Nayarit fueron demandados en Coahuila, cinco en Jalisco, 14 en la Ciudad de México y 85 en otros estados.
Por el fraude se acusó a un notario, un magistrado, cinco jueces y otros cinco funcionarios. «Hoy en día, dos jueces y tres funcionarios siguen en la cárcel derivado de lo que pasó en Nayarit con el tema de los juicios masivos. El asunto es que en esta administración continuamos con la averiguación porque se nos hacía raro que sólo hubiera sucedido en Nayarit», relató Oropeza.
Explicó que, de los 373 mil derechohabientes afectados en estos juicios masivos, 302 mil, que representan el 80 por ciento, tuvieron demandas en otros estados, mientras que sólo 71 mil fueron demandados en la entidad de residencia.
Destacó que con esta estrategia, los despachos responsables de los juicios masivos cometieron otras irregularidades como: no notificar a los acreditados e incluir a acreditados que no tienen problemas de pago.
Ante ello, Oropeza destacó que la Presidenta de México ha dado instrucciones para resarcir el daño a los derechohabientes afectados y continuar con las denuncias penales a despachos, notarios y funcionarios de los Poderes Judiciales Locales que participaron en los juicios masivos.
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La noticia Despachos corruptos y jueces despojaron a miles: Infonavit fue publicada originalmente en Turquesa News.