Descarta AMLO sancionar a paristas del Poder Judicial
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno vaya a solicitar sanciones para los integrantes del Poder Judicial que llevan a cabo una protesta contra la reforma. “Le corresponde resolverlo al Consejo de la Judicatura y no vamos a pedir que les hagan descuentos, al contrario, sostenemos que son libres para manifestarse. No tienen nada que temer, no hay represión de ningún tipo”.
Durante la conferencia de prensa, dijo que ellos deben tomar en cuenta “que ya hay un juez que es el pueblo de México que no les pase lo que sucedió hace dos meses. El conservadurismo suele desconocer que el pueblo existe y no, en México vamos a la vanguardia en la politización de su pueblo. Se les olvidó eso y pensaron que controlando los medios de comunicación iban a detener la transformación del país. Se llevaron un revés todavía no reaccionan, fue un tengan para que aprendan”, señaló.
Por otra parte y, a través de un oficio dirigido a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, por la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica, el Ejecutivo Federal advirtió que la conducta dilatoria en que ha incurrido para resolver un expediente de evasión fiscal por 35 mil millones de pesos (de Grupo Salinas, al que no se menciona expresamente) “constituye una acción legal de protección a las conductas de defraudación fiscal de aquellos que reiterada y obcecadamente han faltado a sus obligaciones contributivas por décadas”.
En el documento que se envió ayer a la SCJN por instrucciones del presidente López Obrador, se subraya que este tipo de omisiones se amparan en “el intrincado andamiaje y actuar del Poder Judicial y es violatoria del artículo 17 constitucional”.
Durante la conferencia presidencial se dio a conocer parcialmente la carta que le enviaron a Piña la Secretaría de Gobernación y el Consejo de la Judicatura para apremiar a que se resuelva el expediente por evasión fiscal de 35 mil millones de pesos (correspondiente a Grupo Salinas, al que no se menciona por su nombre) que se encuentra desde hace tiempo en manos de la SCJN.
Recuerdan que estos asuntos “fueron ya tratados por un ministro de esta Corte, quien demoró más de ocho meses para presentar su proyecto, asuntos sobre los cuales finalmente se resolvió que no reunían los requisitos para ser resueltos por la SCJN por lo que se remitieron al tribunal colegiado de origen.
En la misiva expresan su “gran preocupación debido a la tardanza injustificada” relacionada con este expediente, recibido para su tramitación en la SCJN los días 4 y 12 de julio del año en curso. “A la fecha, el área de trámite a su cargo ha sido omisa en resolver lo conducente”. Mencionan expresamente que los amparos directos en revisión 5654/2024 y 6321/2024 “son asuntos que corresponden a créditos a favor del Fisco Federal por omisiones en las contribuciones de los ejercicios fiscales 2006 y 2013 sobre los que han transcurrido más de 16 y 11 años en litigio respectivamente”.
El documento enfatiza en que se han cursado todas las instancias legales que incluyen la resolución por los Tribunales Colegiados de Circuito a favor del Estado por un monto que asciende a más de 35 mil millones de pesos, recursos a los que la Federación y el pueblo de México tienen derecho a acceder y que les han sido negados por un indebido abuso de los aletargados procesos de los órganos encargados de impartir justicia, cuando por mandato constitucional deben ser pronto y expedito.
Tras difundirla, López Obrador dio a conocer el listado de alrededor de una decena de expedientes relacionados con la evasión fiscal, que en su conjunto suman un adeudo a la Federación de 129 mil millones de pesos, por la dilación deliberada de resolverlos por parte de los diversos juzgados.
En este contexto, adelantó que consultará a la gente cuál será el destino de los 35 mil millones de pesos del expediente relacionado con Grupo Salinas (sin mencionarlo expresamente).
Trabajadores del Poder Judicial durante el paro indefinido afuera del recinto ubicado en Avenida Revolución 508, en la Ciudad de México.
La carta enviada a la ministra Piña Hernández dice:
“Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Por instrucciones del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, nos dirigimos a usted con gran preocupación debido a la tardanza injustificada en turnar los Amparados Directos en Revisión con números 5654/2024 y 6321/2024, recibidos para su tramitación por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación en los días 4 y 12 de julio del año en curso, respectivamente. A la fecha el área de trámite a su cargo ha sido omisa en resolver lo conducente.
“Los citados asuntos corresponden a créditos a favor del Fisco Federal por omisiones de contribuciones de los ejercicios fiscales 2008 y 2013 sobre los que han transcurrido más de dieciséis y once años en litigio, respetivamente, además de haber cursado todas las instancias legales, que incluyen la resolución por los Tribunales Colegiados de Circuito a favor del Estado por un monto que asciende a más de $35 mil millones de pesos; recursos a los que la Federación y el pueblo de México tienen derecho a acceder y que les han sido negados por un indebido abuso de los aletargados procesos de los órganos encargados de impartir justicia, cuando por mandato constitucional deben ser prontos y expeditos.
“Es imperioso señalar que la conducta dilatoria en la que incurre el área de trámite a cargo de su Presidencia, al no emitir pronunciamiento respecto de los asuntos citados, constituye una acción de ilegal protección a las conductas de defraudación fiscal de aquellos que reiterada y obscenamente han faltado a sus obligaciones contributivas por décadas, cobijados en el intrincado andamiaje y actuar del Poder Judicial de la Federación y es violatoria del artículo 17 constitucional.
“Estos asuntos fueron ya tratados por un ministro de esta Corte, quien demoró más de ocho meses para presentar su proyecto, asuntos sobre los cuales finalmente se resolvió que no reunían los requisitos para ser resueltos por la SCJN, por lo que se remitieron al tribunal colegiado de origen”, apuntó.
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