Declara AMLO ANP terrenos de Vulcan; la empresa se defenderá

“Esta acción nos priva del uso de nuestra tierra y tenemos la intención de defendernos utilizando todas las vías legales disponibles”, afirmó Vulcan Materials en un comunicado enviado a Reuters.

El Gobierno ordenó en 2022 suspender la operación de la mina, alegando daños medioambientales que la compañía niega, y en 2023 fuerzas de seguridad locales ocuparon el puerto aledaño desde donde la firma exporta su producción a Estados Unidos.

El mandatario López Obrador, dijo en julio que su objetivo antes de terminar su gestión el 1 de octubre era lograr que la clausura de las instalaciones de la empresa estadounidense fuera “definitiva” en términos legales.

La mina está en la península de Yucatán, al igual que uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la gestión del mandatario, el Tren Maya, un ferrocarril turístico de unos 1,500 kilómetros de recorrido, cuestionado por organizaciones civiles por supuestos daños ecológicos.

En mayo, AMLO negó que la clausura de las instalaciones de Vulcan fuera una expropiación, en respuesta a unos comentarios ante una comisión del Senado estadounidense del secretario de Estado de ese país, Antony Blinken, quien afirmó que la postura de México no era una buena forma de atraer inversiones.

“La expropiación de la tierra y el puerto de nuestra empresa es otra escalada más y una nueva violación de los compromisos de México en virtud de los acuerdos comerciales de América del Norte, incluido el TMEC, y otros tratados de inversión aplicables”, afirmó Vulcan el martes en el comunicado.

Decretan ANP terrenos de Vulcan Materials

A menos de una semana para acabar su gestión, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha zanjado con un decreto la pugna que el Gobierno sostenía desde hace años con la minera estadounidense Vulcan Materials, por el control de 2.000 hectáreas de tierra caliza y del puerto de Punta Venado, en el Estado de Quintana Roo.

Ayer lunes, el Ejecutivo publicó la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) de un polígono de más de 53 mil hectáreas en Quintana Roo, que abarca los terrenos sobre los cuales está la mina de cielo abierto de Vulcan Materials.

El documento establece que dentro de las zonas del área de protección de flora y fauna Felipe Carrillo Puerto, queda prohibida la exploración, explotación de minerales, abrir bancos de material, extraer material pétreo o materiales para construcción y construir depósitos o sitios de disposición final de terreros, jales, escorias, graseros de las minas y establecimientos de beneficios de los minerales. El decreto supone un blindaje a las actividades que la minera estadounidense realizaba en la zona hasta hace un par de años.

La declaratoria refiere que los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras y aguas, que se encuentren dentro de la superficie del área de protección de flora y fauna Felipe Carrillo Puerto, están sujetos a las modalidades que se establecen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Es decir, que están obligados a llevar a cabo sus actividades conforme a los criterios de preservación y conservación de los ecosistemas.

El decreto hace hincapié en la extensa variedad de flora, fauna y vestigios arqueológicos de la zona. El documento enumera las especies endémicas de mamíferos, réptiles y aves que serán beneficiadas con esta protección ambiental. “En el sitio Felipe Carrillo Puerto, habitan 304 especies de aves que representan el 63 % de la riqueza estatal. Además, 52 especies se encuentran en alguna categoría de riesgo, cuatro de ellas en peligro de extinción, como el zopilote rey, el mosquero real, entre otras”, indica. Además, la orden presidencial expone que esta zona también reúne cuevas, cenotes y grutas que forman parte del paisaje y sostienen el acuífero Península de Yucatán, que es la mayor fuente de agua dulce para consumo humano y la biodiversidad.

La declaratoria de la zona en pugna era inminente. El presidente había amagado con que, de no llegar a un acuerdo con la minera para adquirir los terrenos, se buscarían otras alternativas. “Antes de irme tengo que dejar resuelto eso y lo vamos a resolver legalmente, ya hay una clausura, pero quiero que sea una clausura definitiva porque es mucho el daño que han causado”, declaró el mandatario durante una conferencia de prensa en julio pasado.

En la década de los ochenta, Vulcan Materials obtuvo la concesión de un banco de tierras calizas, insumo para la construcción, en una zona selvática del Estado de Quintana Roo. Sin embargo, en 2018, la minera demandó al Estado mexicano por supuestos cambios legislativos que derivaron en pérdidas en su perjuicio, exigiendo a México una indemnización de 1.500 millones de dólares. Vulcan Materials, a través de su subsidiaria Calica, alegó que la Administración anterior clausuró parte de sus operaciones para cumplir con nuevas normas ambientales y esta decisión les generó pérdidas significativas que contravienen los principios del TLCAN, ahora TMEC.

En un intento por destrabar el litigio internacional, el año pasado el Gobierno federal puso sobre la mesa la compra de los terrenos a la minera en 8 mil millones de pesos. La firma declinó el ofrecimiento del Ejecutivo y prefirió seguir la vía del arbitraje internacional, que sigue en curso. La tensión por estos predios llegó a la Casa Blanca. Esta semana, un grupo de congresistas estadounidenses firmaron una carta bipartidista instando a tomar medidas para evitar que México tome el control de Punta Venado. Menos de 72 horas después de esta acción en EU, el Gobierno mexicano respondió con la publicación del decreto.

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