La prohibición tajante sobre la producción, distribución, venta y comercialización de vapeadores y cigarros electrónicos en México, fue aprobada este miércoles en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión.
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Los legisladores aprobaron un dictamen crucial que modifica los artículos 4º y 5º de la Constitución relacionados con la Ley de Salud. Este dictamen, había quedado pendiente y establece una prohibición para estos artículos.
El dictamen fue aprobado con una mayoría abrumadora: 34 votos a favor, dos en contra y sin abstenciones. Esta modificación incorpora una restricción adicional en el párrafo quinto del artículo 4º de la Constitución, extendiendo la prohibición a la producción y comercialización de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, incluyendo el uso ilegal del fentanilo.
Durante la sesión, se presentaron cinco propuestas de modificación: dos por el Movimiento Ciudadano (MC), una por el PRI, una por el PAN y una del PT. La propuesta del PT fue aceptada, la cual solicita cambiar la palabra «vedada» por «prohibida» en el párrafo cuarto del artículo 4º constitucional. Los legisladores justificaron el cambio argumentando que «prohibida» es un término más fuerte y claro, eliminando cualquier posibilidad de ambigüedad o malinterpretación.
La diputada de Morena, Adriana Bustamante Castellanos, destacó el respaldo de su grupo al dictamen, argumentando que la prohibición de los vapeadores y cigarrillos electrónicos es esencial para proteger la salud pública.
«Es imperativo erradicar una actividad que claramente no aporta beneficios a la población y que, en cambio, causa daños irreparables. El Estado debe asumir su rol en la protección de la salud y eliminar estas prácticas nocivas», afirmó Bustamante.
En contraste, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja, Braulio López Ochoa, expresó su desacuerdo con la prohibición total, proponiendo en su lugar una regulación.
Lopez Ochoa expresó que el enfoque de MC está en la regulación en lugar de la prohibición. Pues creen que el combate a las adicciones debe basarse en una estrategia de regulación más que en medidas prohibicionistas, con un fuerte énfasis en los derechos humanos y la prevención.
Con Información de Agencias
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