Acusan a César Duarte de sobornar a Maru Campos
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, de haber entregado un soborno de 10 millones de pesos a la actual gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, con el objetivo de obtener respaldo institucional y mejorar su situación jurídica.
La acusación sucedió durante la primera audiencia en contra del priista, donde se dijo que este presunto pago habría influido para que Duarte obtuviera libertad provisional en junio de 2024, cuando enfrentaba procesos penales en el ámbito local.
La información fue publicada por el periodista Abel Barajas en el diario Reforma, donde se detalla que el fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, Manuel Granados Quiroz, advirtió ante la jueza que existe un riesgo real de fuga del exmandatario chihuahuense.
La Fiscalía sostuvo que Duarte mantiene una red de apoyos en Chihuahua, entre los que incluyó a la actual gobernadora, lo que, a su juicio, refuerza el peligro de que evada la justicia. Estos argumentos bastaron para que la jueza de control María Jazmín Ambriz López le impusiera prisión preventiva justificada, al considerar real el riesgo de fuga.
Durante la audiencia, la FGR también presentó como indicio de respaldo institucional la negativa del Registro Público de la Propiedad de Chihuahua a entregar información sobre los bienes de Duarte. Y es que según la dependencia existe “secreto profesional”, lo que, según la Fiscalía, obstaculizó las investigaciones.
Las acusaciones de la fiscalía se relacionan con hechos ocurridos durante su gobierno, entre 2010 y 2016. Pues se le atribuye el lavado de aproximadamente 73.9 millones de pesos a través del sistema financiero, recursos que presuntamente fueron canalizados a empresas ganaderas en las que Duarte era accionista mayoritario, con la posible participación de su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.
Durante la audiencia, la jueza desechó la solicitud de la defensa para invalidar la orden de aprehensión emitida en mayo de 2024. Los abogados argumentaron la existencia de un amparo que, según ellos, impedía la detención, pero el planteamiento fue rechazado al tratarse de causas penales distintas, una del fuero federal y otra del ámbito estatal.
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