Ministros de la SCJN estrenan camionetas blindadas de más de 3 millones de pesos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sustitución de los vehículos oficiales asignados a sus ministros por camionetas blindadas del año valoradas en más de tres millones de pesos por unidad.
Aunque en el Poder Judicial rigen políticas de austeridad, para formalizar esta adquisición, se argumentó que las unidades heredadas de la administración anterior ya no cumplían con los requisitos de seguridad y operación.
La renovación de la flotilla se dio a conocer luego de que usuarios en redes sociales difundieran imágenes que mostraban el arribo de nuevas camionetas blindadas a las instalaciones del máximo tribunal del país, lo que generó cuestionamientos públicos sobre el gasto realizado en este rubro.
Ante la difusión de las fotografías, la SCJN emitió una aclaración en la que detalló que fueron adquiridas nueve camionetas blindadas Grand Cherokee, de la marca Jeep, destinadas exclusivamente a reforzar las condiciones de seguridad y protección de las ministras y ministros que integran el Pleno.
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Este tipo de unidad tienen un precio de lista que oscila entre 1.069 millones y 1.7 millones de pesos por unidad (dependiendo de la versión, equipamiento y color elegido).
Sin embargo, el costo se incrementa considerablemente con blindaje nivel 5 (capaz de resistir armas de alto calibre como AK-47 o similares), con un coste adicional que se estima en alrededor de 1.5 a 2 millones de pesos por vehículo.
De acuerdo con la Corte, la decisión no fue discrecional ni tomada de manera unilateral, sino que estuvo respaldada por evaluaciones técnicas de instancias federales especializadas.
En el comunicado oficial se señala: “Esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación. La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales”.
Asimismo, el tribunal explicó que el proceso de renovación se realizó conforme a las disposiciones internas vigentes. En ese sentido, precisó: “Dicha renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente —cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras— para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad”.
Como parte de las medidas para contener el gasto público, la Suprema Corte indicó que la adquisición de las nuevas unidades se compensó con la enajenación de un número mayor de vehículos pertenecientes al parque vehicular institucional, con lo cual se buscó evitar un incremento en los costos totales destinados a transporte oficial.
No obstante, el órgano judicial no dio a conocer el monto erogado por la compra de las camionetas blindadas, por lo que el costo de la operación no ha sido hecho público hasta el momento.
Con Información de Agencias
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